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La aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), de Alpedrete (12.500 habitantes) que el equipo de Gobierno del PP consideraba "inminente" está hoy en el aire. El municipio planeaba crecer hasta 15.500 vecinos con la construcción de 1.114 viviendas.

La causa de la paralización es la existencia de una opción de compra firmada en 2005 entre el hoy concejal de Urbanismo, Tomás Carrión Guillén y un empresario local, Lisardo Cortés. Este acuerdo estaba supeditado a la posterior recalificación en el PGOU de más de 60.000 metros cuadrados de suelo rústico y ha obligado al edil popular a apartarse de la votación final, de acuerdo con las instrucciones de la secretaria municipal, Nieves Elvira Palacio. Él, ya edil de Urbanismo, había participado en la votación inicial en 2009.

La abstención del concejal ahora es crucial porque el PP tiene mayoría, pero justa. De los 17 concejales, nueve son populares, cuatro del PSOE, dos de IU y otros dos de la Unión del Pueblo de Alpedrete (UNPA). Todos los grupos de la oposición han anunciado ya su rechazo al PGOU y la ausencia de un edil del PP hará que el plan tenga que esperar. Julián Jiménez, de UNPA, anunció que quiere un consenso, "pero después de que se oigan a todas las partes, incluyendo a asociaciones como Alpedrete Sostenible. No vamos a apoyar un plan que sólo ha hecho el PP", explica.

La alcaldesa, Marisol Casado, ha anunciado que quiere pactar. Ayer hubo una reunión entre los partidos en la que se discutió un plan que lleva tramitándose cinco años sin participación ciudadana, y que sólo está pendiente de la aprobación del Ayuntamiento y el de la Comunidad. La existencia de la opción de compra, por la que el concejal ya ha cobrado como adelanto 102.500 de los 676.500 euros que le corresponden, se conoció en el pleno del viernes pasado.Los ediles de la oposición preguntaron a la secretaria del Ayuntamiento por qué había permitido que el concejal del PP votara la aprobación inicial del PGOU, en julio de 2009. La funcionaria aseguró que éste no había comunicado la existencia del acuerdo con el constructor. Esta explicación se puede leer en el informe realizado por la propia secretaria, en el que asegura: "En la declaración de bienes presentada por el señor Carrión aparece declarada la propiedad de una doceava parte de las fincas citadas. No así el contrato de opción suscrito". Por eso resalta que "deberá abandonar el pleno mientras se discuta y vote el asunto".

Asimismo, y dado el carácter "decisivo" del voto del edil para la aprobación inicial de julio de 2009, la secretaria recomienda: "Por la seguridad jurídica que debe tener un PGOU, sería conveniente que se sometiera al pleno la ratificación de la aprobación del avance, adoptada en la sesión del 31 de julio de 2009, en la que el voto del señor Carrión fue decisivo para alcanzar la mayoría absoluta, puesto que ya se daba la causa de la abstención". Tomás Carrión Guillén ya ha anunciado su intención de inhibirse en la próxima votación. Pero no obstante, considera que no es necesario: "Existe un informe jurídico de la secretaria del Ayuntamiento que dice que podía votar. Yo no he cambiado nada del PGOU", explica este edil, que rechaza haber tenido información privilegiada, porque, asegura: "Todo el mundo sabía que se iba a aprobar el plan en la zona sur, en Los Llanos".

La oposición lo niega, al igual que la asociación vecinal Alpedrete Sostenible, considerada por la Comunidad "organismo consultivo" del plan de Alpedrete. "Nosotros no nos enteramos de todo hasta después de que se aprobara el avance en el pleno. Sólo unos pocos sabían qué estaba pasando", explica Pedro López, uno de los portavoces de la organización vecinal, que ha solicitado la paralización del PGOU.

El contrato entre la familia del concejal y el constructor, al que ha tenido acceso EL PAÍS, fue firmado en julio de 2005, apenas unos meses antes de que el anterior concejal del PP de Urbanismo, Vicente Guillén, familiar lejano del actual responsable, aprobara el avance del mismo y lo remitiera a la Comunidad.

En la opción de compra destaca que el precio base de la compraventa se acordó en función unos criterios, como por ejemplo la densidad urbanística, que se determinaran en el plan del PP. Así, el planeamiento de Alpedrete y la opción de compra determinaron finalmente que el concejal y sus siete familiares podrán vender a 220,50 euros el metro cuadrado, lo que supone un precio final de 8,1 millones de euros.

Precisamente es este punto el que levanta las mayores suspicacias en la oposición. Ya que la participación del concejal Carrión Guillén en el PGOU entre 2007 y 2009 pudo beneficiar a su familia, algo que este político niega: "Se puede comprobar que el plan no se ha modificado. Tenemos la misma densidad de edificación que en 2005. Si lo hubiera modificado hubiera sido como para cortarme el cuello". En cuanto al aspecto ético de haber pilotado desde 2007 el PGOU, asegura: "La ética depende de cada uno. Yo no tengo ni idea de lo que me van a pagar. Nosotros pusimos una serie de cláusulas porque no sabíamos la cantidad exacta. No estoy preocupado por si me van a pagar medio millón o un millón de euros".

IU ha anunciado que presentará una denuncia ante la fiscalía. Carrión Guillén ya presentó el pasado 26 de febrero una denuncia en los juzgados de Villalba por calumnias e injurias contra los miembros de IU, según anunció a este periódico.